¿Y el fuero qué?

En este país donde los políticos cometen crímenes y la sociedad civil hace el trabajo social que se esperaría del gobierno, aquí en nuestro “México Mágico” donde la realidad política supera la peor ficción de una mala telenovela y los límites al poder que ejercen los funcionarios públicos parecen no existir, la eliminación de su capa mágica se asoma como un espejismo, como un milagro que no se alcanzará nunca.

Hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del fuero, y bueno, ¿eso qué significa? A grandes rasgos, el fuero como lo conocemos ahora, es una figura constitucional consagrada en el artículo 111, que pretende asegurar la estabilidad de los poderes del Estado, es decir, garantiza que los funcionarios públicos (locales y federales) tengan una continuidad mientras están en el cargo. El fuero es una medida de protección en caso de que dichos funcionarios cometan algún delito, ya que antes de que se inicie formalmente un “juicio penal” debe realizarse un procedimiento previo que lo autorice. Este proceso exige que la Cámara de Diputados o el Congreso local (dependiendo de la adscripción del funcionario), evalúen y declaren si se lleva a cabo o no, emitiendo una declaración de procedencia. En caso de que se determine procedente, el funcionario es separado de su cargo durante el proceso penal y si es absuelto puede regresar a su cargo. ¿Qué significa esto? Que nuestros diputados y senadores gozan de una protección especial en caso de que realicen un delito en el entendido de que no serán llevados a juicio en tanto no se haga el proceso de desafuero, sí, ¿qué ventajosos, no? Pueden cometer un crimen grave -¿no lo hacen ya, robando tanto?- y todavía, un grupo de funcionarios no expertos en derecho penal decide si se inicia o no dicho procedimiento.

Pero eso no es todo. Para el caso del presidente de la República nuestra constitución actualmente estipula que sólo podrá ser enjuiciado en caso de traición a la patria y en caso de violación grave a la Carta Magna, estableciendo un procedimiento único ante la Cámara de Senadores -como instancia única- quienes  fungen como jueces aplicando el código penal vigente -un juego de pesos y contrapesos, que no incluye a expertos en derecho-. Las excepciones planteadas para nuestro jefe máximo pretenden justificarse partiendo del supuesto de que, en dicho cargo, la protección del interés público quizá implique la realización de ciertas conductas antijurídicas -como espionaje o tortura-, sin embargo su protección se estira a extremos como el del sonado caso de la “casa blanca” u otros delitos relacionados con la corrupción, mismos que se excluyen de la lista de aquellos por los que podría ser acusado.

La reforma en comento puede resultar trascendental ya que elimina dicho fuero hasta para el jefe máximo de nuestro orden jurídico. El cambio aprobado y propuesto en días pasados en la Cámara de origen rompe un paradigma importante en el ejercicio del servicio público debido a que no asegura la estabilidad del cargo con la protección del fuero, eliminando así un procedimiento burocrático y por ende un retraso en el ejercicio de la acción penal. Aunque pudiera parecer que aquí en México ocurre hasta lo inimaginable, si yo fuera alguna servidora pública de alto rango, me pensaría más en serio el ejercer mi cargo con responsabilidad, sabiendo que no cuento con ninguna impunidad procesal.

No debemos omitir que esta reforma implica una gran voluntad política,  dado que fue aprobada por un total de 370 diputados. Se trata de un esfuerzo que debe reconocerse, no obstante que, aunque se haya tratado de una pretensión de los partidos políticos por limpiar su imagen previo a las próximas elecciones, el resultado puede instaurar un sistema más democrático y un acercamiento a la voluntad popular de desproteger al político.

Indudablemente no se trata de un hecho, la reforma constitucional es un procedimiento largo y un tanto tardado, a causa de que en nuestro país, al contar con una Constitución rígida, se exige todavía el análisis y aprobación de la Cámara de Senadores así como de la mayoría de las legislaturas de los estados, sin olvidar que posteriormente habrá que reformar toda legislación estatal que también contemple el fuero, para evitar contradicciones y consagrar una armonía legal.

Esta reforma nos hace pensar que sí, que el ejercicio consciente del poder es posible y que nuestros funcionarios no son tan “intocables” como pudieran parecer, que se trata de personas comunes y corrientes y que la ley sí se aplica para todos. Indudablemente estamos en una época en que hace mucha falta la cercanía entre el político y el ciudadano. La eliminación de este tipo de protecciones constitucionales, nos aproximan a asegurar una gobernabilidad responsable, que mucho hace falta en nuestro país.