El individuo como portador de derechos

Las doctrinas filosóficas sobre el individualismo derivaron en el reconocimiento de prerrogativas a favor de los individuos y en la necesidad de que el Estado se abstuviera de actuar en la esfera jurídica de los ciudadanos. Se concibió al ser humano como “individuo” para quien la libertad era su máximo valor y la igualdad  inherente a su condición humana.

El primer reconocimiento se dio entre algunos países a nivel nacional, sin embargo, el reconocimiento universal e integral de los derechos humanos fue la consecuencia de las lecciones que dejó la historia humana. Los graves crímenes de lesa humanidad como el holocausto y los exterminios masivos, producto de la segunda guerra mundial representaron un reto de la comunidad internacional: evitar que volvieran a suceder, mantener la paz, la seguridad y establecer un límite al poder público. Lo anterior a través de la universalización de los Derechos Humanos, tomando como base que éstos representan valores superiores que “no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana” (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

Así, los derechos humanos fueron proclamados partiendo de la siguiente premisa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”. Sin embargo, aunque sonara muy bonito y se declarara la existencia de principios que aplicaban a la universalidad de individuos, la adecuación a la realidad se quedó corta. En la práctica, después de la desintegración de algunas “Naciones-Estado” y del consecuente desplazamiento de millones de personas, surgió un grave problema internacional. Se expuso que el concepto de individuos o titulares de derecho estaba limitada a una condición: ser ciudadano. Expresando así, una gran paradoja: los derechos del hombre –supuestamente inalienables- no podían aplicarse donde había personas que no eran ciudadanos de un Estado. El apátrida, careciendo de ciudadanía no podía residir ni trabajar, no había ley para él porque estaba fuera de la comunidad política estatal y por lo tanto las leyes generales de cualquier Estado no le eran aplicables. No es que no fuera igual a otros ante la ley, sino que eran un sujeto inexistente para la ley.

La práctica evidenció que la condición de ciudadanía era absolutamente necesaria para la protección de los derechos ¿Cómo podría una persona sin nacionalidad ejercer ante un tribunal estatal la exigencia de cualquier derecho? Jurídicamente, no existía el elemento básico para la conexión de los derechos que otorga el marco normativo, la ciudadanía o la nacionalidad.